Latin American Wings (LAW) enfrenta complejo escenario que agrava su situación como operador aéreo

Por Ricardo J. Delpiano

Foto: Ricardo J. Delpiano

Agobiada por los múltiples compromisos pendientes con sus proveedores, reclamos de pasajeros, denuncias de trabajadores, y un permanente “castigo social” que la ha acompañado desde sus inicios que en conjunto derivan una decaída imagen pública, Latin American Wings (LAW) enfrenta sus días más complejos. Si bien la compañía aún continúa operando, su delicada situación con conflictos en distintos frentes que trascienden incluso las fronteras, la tienen hoy sumida en un espiral que pone en riesgo su continuidad.

Si bien el cese de los vuelos nacionales debiese significar una oportunidad para orientar los recursos hacia los mercados más atractivos para generar los mayores ingresos posibles, la falta de aviones ha afectado la programación de los itinerarios, cuyo impacto resultó en cancelaciones y retrasos significativos de vuelos. La crisis de los pasajeros varados, los retrasos, continuas reprogramaciones y cancelaciones, han permitido poner a la luz los problemas que está teniendo la que prometía ser una alternativa chilena en el modelo tradicional de líneas aéreas.

Según consta en distintos medios de prensa de Chile y del exterior en los países donde opera, LAW mantiene temas pendientes con sus proveedores de catering, handling y combustible, que el pasado viernes habría forzado a una posible detención de operaciones que a último minuto no llega a concretarse. A esto se agregan las causas civiles, que tal como expone “El Mercurio” (24/2/2018), suman más de 870 en el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de Chile, organismo que la tiene demandada por incumplimiento del contrato de transporte y servicio deficiente, solicitando una multa aparte por $11,8 millones por pasajero. Como informa el principal medio de prensa chileno, las acciones entabladas superarían los $1.600 millones, mismos que continúan incrementándose al conocerse nuevas acciones judiciales de proveedores y también sus trabajadores.

En el plano internacional, la situación no es de lo mejor. Deudas impagas hicieron que Swissport retuviese como pago un avión en La Romana, mientras que un caso similar con el proveedor de combustible ocurría el viernes 23 de febrero en Manta, Ecuador. En el Perú, el incumplimiento de los servicios aéreos y la falta de atención a los pasajeros afectados ha hecho que el Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) inicie un proceso contra LAW por los hechos acaecidos entre el 11 y 20 de febrero. Entre las acciones la exhorta garantizar el traslado de las personas que adquirieron un boleto aéreo en el periodo del 11 al 20 de febrero de 2018, sin afectar otros vuelos ya programados ni a los pasajeros que habían adquirido con anterioridad sus pasajes, hecho que comienza a ocurrir a partir del sábado 25, cuando se comienza a movilizar a 424 personas hacia sus respectivos destinos. El organismo peruano indica también que la empresa no estaría cumpliendo con la normativa establecida para salvaguardar los derechos del consumidor.

Hasta la fecha, el Perú ha tomado las acciones más directas contra LAW, ya que además de la acción de INDECOPI, el Ministerio de Transportes de ese país ha instruido a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC Perú) solicitar a la autoridad aérea chilena (DGAC Chile) la información sobre la situación técnica, operacional y financiera de la empresa. Además, se agrega que “DGAC ha iniciado de oficio, un procedimiento sancionador a la empresa, por incumplimiento a sus itinerarios de los vuelos, el cual se encuentra a la fecha en trámite ante la Junta de Infracciones de Aeronáutica Civil del Perú”. Según consigna “La Tercera” (23/12/2018), el Ministerio de Transportes del Perú podría revocar los permisos a LAW por los incidentes con los clientes en ese país. 

En Chile, DGAC sólo puede entregar información técnica y operativa de una aerolínea o cualquier operador aéreo que funcione en el territorio nacional, pero no tiene autoridad para inmiscuirse en temas financieros, comerciales con los clientes y terceros o cualquier asunto interno de una empresa. En declaración pública, la autoridad aérea de Chile ha señalado que las todas las operaciones de LAW cumplen con toda la normativa vigente relativa a los requisitos de operación, mantenimiento de aeronaves y competencias de las tripulaciones de vuelo. 

LAW aspiraba convertir a la capital peruana en su principal destino internacional dado que su posición geográfica permitía utilizarla como escala técnica para sus vuelos al Caribe (La Romana y Puerto Príncipe) y en un futuro cercano, aprovechar el creciente mercado peruano para expandirse por la región. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones para fusión con Star Perú y los compromisos pendientes, más temas operacionales por los trabajos nocturnos de la pista del aeropuerto Jorge Chávez, han hecho que los planes de Lima queden pospuestos indefinidamente, así como cualquier posibilidades de expansión inmediata.

La crisis de LAW es confluencia de varios factores. Si bien otros son una acumulación a través del tiempo, la más inmediata está relacionada con la falta de aviones que ha generado una cadena de contingencias a las que supuestamente no se ha podido frenar debido a la continuación de las ventas en forma normal -que según consta en su sitio web, por ejemplo-, lo que genera una mayor cantidad de personas afectadas al sistema y la imposibilidad de atenderlos a todos.

Actualmente, la flota de LAW es de cuatro aviones B737-300 con capacidad para 148 pasajeros. Si bien antes la empresa poseía cinco de estos equipos, uno se encuentra desde hace meses fuera de vuelo y canibalizado en el aeropuerto de Santiago. El resto están dedicados a atender rutas a Mendoza, Lima, Caracas y Puerto Príncipe, siendo estás dos últimas las que demandan mayor utilización por la distancia a recorrer y la escala obligada en Manta para aprovisionamiento de combustible, debido a que los B737-300 impiden realizar las rutas al Caribe sin escalas.

LAW esperaba contar para esta temporada con un B757-200 alquilado en régimen ACMI (o wet lease) a Icelandair, pero la empresa se retiró del negocio ad portas de transferir uno de los aviones. Tampoco se materializó la incorporación de los dos B767-300ER con los cuales se pretendía volar a Caracas y de ahí a Miami y Nueva York (JFK). Como resultado, “la gran manzana” fue sacada de la red de destinos, mientras que la popular ciudad de Florida, se debe ofrece en combinación con Xtra Airways debido a que la línea aérea chilena no tiene permiso para volar a los Estados Unidos.

En un intento para compensar la falta de capacidad derivada del fracaso de la operación con B757, LAW alquila en octubre de 2016 un B767-300ER a Dynamic Airways con capacidad para 280 pasajeros, el cual coloca en la ruta a Puerto Príncipe. Sin embargo, el bloqueo de la autoridad aérea haitiana por una mala interpretación de los permisos para volar en Chile, para la aerolínea Sunrise Airways, imposibilitó utilizar el avión en esa ruta generando una sobre demanda que deriva en la primera crisis de la empresa. Posteriormente, la paralización del proyecto de introducir los B767-300ER reduce a la flota a sólo los aviones más pequeños.

La situación anterior probablemente sea una fuente no menor de pérdidas que hayan costado a la empresas recursos que complicasen su operación en el tiempo. Esto se agrava también, los negativos resultados en el mercado doméstico chileno, en el que para competir funcionaba con un servicio completo emulando el estilo tradicional de las líneas aéreas pero con precios bajos como mecanismo de “enganche” con el público.

Más allá de la planificación de la operación nacional, no están claras las razones que expliquen los malos resultados de LAW dentro de Chile, a pesar de funcionar con precios bajos, horarios altamente atractivos y un “servicio completo” como mecanismo de conquista de sus potenciales clientes. Las estadísticas de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) muestra que fueron pocos los pasajeros que se sintieron atraídos por la oferta de LAW, ya que en los ocho meses que dura su operación doméstica sólo obtiene una ocupación promedio de 43,9%, que no favorece a una rentabilidad de la operación especialmente si opera con tarifas bajas, incluso para los viajes más inmediatos para un mismo día.

Un posible “castigo social” de parte del público chileno emerge como posible explicación para que los usuarios, pese a contar con atractivos de “enganche”, no utilizasen los servicios de LAW. La asociación de la línea aérea con un posible tráfico de migrantes haitianos difundida por medios de prensa masivos más la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público, desde antes de que se lanzaran las rutas, pareciera haber generado esa desconfianza del público que permanece hasta la actualidad.

En el contexto anterior, la aparición del modelo bajo costo y tarifas bajas (LCC, por sus siglas en inglés) en Chile, sólo habría agravado el escenario por el incremento de la competencia y los desafíos que supone funcionar con esquemas bien definidos con operadores que cuentan con respaldos significativos en términos operacionales, técnicos, comerciales y por supuesto, financieros.

La mantención de distintos frentes complica el futuro inmediato de LAW especialmente cuando las últimas crisis sólo han contribuido a alejar a los pasajeros que tanto necesita para generar caja y poder solucionar sus compromisos y poder funcionar.

De la situación actual, se desprende que el futuro más inmediato está sumido en la más completa incertidumbre. Sólo la inyección de recursos para regularizar sus compromisos, especialmente aquellos relacionados directamente con la operación, pueda ser la respuesta salvar la difícil situación. En contra juega la baja confianza que existe ante los hechos conocidos. No se descarta que una nueva reorganización sea necesaria para evitar el escenario más adverso, apuntando por ejemplo a la realización de vuelos chárter u ofrecer servicios ACMI como alternativas.

Al igual que en Chile, la reducida participación de mercado hace que el impacto de una eventual salida de LAW sea en términos generales marginal, siendo mayor en las llamadas “rutas emergentes” que la propia empresa ha construido como es el caso de Puerto Príncipe, por sólo mencionar algunas. Si bien por el momento se debiese esperar una pronta normalización de las operaciones, son pocos los casos en la industria aérea que operadores en condiciones similares a los de la firma chilena se consigan revertir el actual escenario sin algún “factor extra”.