jueves, 24 de noviembre de 2016

Aeroméxico y Delta podrían reconsiderar su joint venture por condicionamientos impuestos desde Estados Unidos

Por Ricardo J. Delpiano

Aeroméxico B787 y Delta B767-300ER tail en SCL (RD)
Foto: Ricardo J. Delpiano
A pesar de que a comienzos de mes, Aeroméxico y Delta consiguieron una aprobación temporal para su joint venture transfronterizo, la firma estadounidense podría considerar su decisión o al menos revisarla si es que no existen cambios a las condiciones impuestas por el Departamento de Transportes (DOT, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Según el DOT, deben entregar 24 slots diarios en servicios entre Ciudad de México y distintas ciudades de los Estados Unidos, y seis slots por día en servicios desde Nueva York (JFK) a ciudades mexicanas. Además establece una inmunidad antimonopolios temporal por sólo cinco años.

Tanto Aeroméxico como Delta han calificado como estas imposiciones como “sin precedentes”, “arbitrarias” y podrían poner en peligro los beneficios económicos que la asociación generará a los usuarios. Ambas aerolíneas indican que de no haber cambios “se reduciría significativamente los beneficios económicos derivados del acuerdo de joint venture y podría obligar a las partes a reconsiderar los compromisos adoptados”.

Las dos partes ya habían aceptado los términos del organismo regulador mexicano, el cual determinó la entrega de ocho slots en el aeropuerto de Ciudad de México. Tanto Aeroméxico como Delta consideran que ese mecanismo ya es suficiente para salvaguardar la competencia por lo que instan al DOT a revisar su decisión que a fecha de hoy, obliga a desprenderse de más slots (16 restantes en México DF y los seis en Nueva York).

Mediante su acuerdo de joint venture, Aeroméxico y Delta pretenden incrementar capacidad y competir de mejor manera con el servicio transfronterizo existente que actualmente está atendido por distintas compañías con diferentes tipos de servicios a los usuarios que van desde el segmento más tradicional (“legacy”) hasta las de ultra bajo costo y tarifas bajas (ULCC). Uno de los objetivos que buscan es fortalecer e incrementar su participación en ese mercado, especialmente frente a American Airlines y United.

De esta manera, la propuesta de joint venture establece que se favorecería al establecimiento de un tercer actor que competiría en mejores condiciones frente a los dos primeros (American y United), permitiendo que los usuarios tengan un mejor acceso a tarifas y servicios. Se aumentará la capacidad ofrecida al menos en un 14% en rutas transfronterizas con una mayor eficiencia en las operaciones de ambas compañías, además de facilitar el incremento en la oferta a una velocidad mayor que la que Aeroméxico y/o Delta podría realizar en forma independiente.

La propuesta de la red combinada tiene previsto generar más de US$ 100 millones en beneficios anuales para los viajeros, además de impulsar el turismo y el crecimiento económico en los dos países. “A pesar de estos beneficios, el DOT intenta imponer al acuerdo de joint venture una serie de compensaciones y limitaciones que no guardan relación con un posible daño competitivo derivado de este. Las exigencias del DOT son poco razonables a la luz de las compensaciones exigidas por COFECE (organismo regulador mexicano)".

Las autoridades de México también han calificado esta decisión como preocupante ya que las condiciones que se aplicarían a esta alianza podría afectar al mercado azteca, ya que los 24 slots que se exigen podrían ser entregados a otras compañías no necesariamente nacionales.

En el último Foro de Líderes de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, expuso que las líneas aéreas europeas y estadounidenses han obtenido una fuerte estructura en rutas trasatlánticas gracias a los acuerdos de joint venture y en ese contexto, demanda para las compañías latinoamericanas “una competencia al mismo nivel”. 

1 comentario:

Anónimo dijo...

Son evidentes los beneficios en materia de costos para las compañías que integran un JV, pero esos beneficios se verán materializados en los precios al usuario final solamente si hay un ambiente de competencia. De no existir este ambiente competitivo, es natural que los reguladores -y los mismos usuarios- alcen su voz de protesta.

Preocupante caso de JV para Chile donde la competencia es muy limitada. Un escenario de JV en Chile puede traer despido de empleados y nulos beneficios para los consumidores. Es un resultado pierde-pierde. Es legítima la preocupación de la FNE.