Crisis de la aviación por COVID-19 golpeará con fuerza a los aeropuertos y a los Estados

Por Ricardo J. Delpiano

Foto: Ricardo J. Delpiano

Cuando la industria aérea plantea a los Gobiernos un rescate a las aerolíneas, no se trata de un rescate a empresas. Es un salvavidas para la economía global. Según datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), las líneas aéreas transportan en tiempos normales el 35% del comercio en el planeta. Cada día, la aviación –considerando sólo a las aerolíneas- apoyan a casi 70 millones de empleos. Al dar prioridad a la aviación con distintos tipos de ayudas se colabora con la continuidad para estos escenarios adversos y favorece a una más rápida recuperación.

Por su condición geográfica, la importancia del transporte aéreo es fundamental para Chile. El sector contribuye significativamente al desarrollo de la economía movilizando a más personas y carga, aportando inversiones y contribuciones al Producto Interno Bruto (PIB), facilitando el turismo y generando fuentes de empleo directas e indirectas. En materia de empleos, contribuye con 33.000 puestos de trabajo, a los que se agregan más de 71.000 por compras a proveedores locales y otros más de 28.000 generados a través de sueldos que se pagan a los empleados y otros 59.000 aportados por la actividad turística. En total para 2018, se consideran más de 191.000 trabajos aportados por la aviación.

IATA sostiene que la aviación en Chile sostiene US$7 mil millones en contribuciones de valor agregado al PIB y 2,8% de este es sustentado por el transporte aéreo. Considerado como un medio de transporte cotidiano, el transporte aéreo facilita el traslado de mercancías a nivel interno y de Chile con el mundo, favorece las inversiones en el país y también la posibilidad que los chilenos crezcan en el exterior, mientras más personas se conectan a través del turismo con el aumento de frecuencias y libertades de rutas generando gastos de turistas extranjeros por US$3.600 millones, más de US$275.000 millones de inversión extranjera y US$79.500 millones en exportaciones, datos aportados en conjunto por la Organización Mundial de Turismo (OMT) y Banco Mundial entre otros organismos.

Si la caída de la demanda y el cierre unilateral de fronteras amenaza con terminar la existencia de muchas líneas aéreas, la situación es igual o peor para los aeropuertos –y para quienes desempeñan funciones al interior de estas instalaciones-. Si hablamos de terminales aéreos concesionados como ocurre en Chile y en muchos países, el golpe también lo reciben las instituciones del Estado como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Economía y Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) quienes recaudan el cobro de las concesiones, las tasas aeroportuarias y aeronáuticas y las tasas de embarque.

Al existir menos compañías aéreas, menos vuelos, hay menos pasajeros. Por consiguiente, menos pagos de tasas y menos ingresos para las arcas fiscales, necesarias no sólo para solventar el sistema aeronáutico (fin primordial que debieran tener estos impuestos), sino para atender los tan necesarios planes sociales que Chile y el resto de los países demandan.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) declara que el brote de COVID-19 es una crisis sistémica que afecta a todo el sector de la aviación mundial y particularmente a los aeropuertos y las aerolíneas. “El sector necesita urgentemente apoyo para evitar el colapso”, expresa.

Los administradores de los terminales aéreos, sean privados, públicos o semipúblicos, están experimentando descenso sin precedentes de movimientos de aviones. Asia, Europa, principalmente, pero también se comienza a ver en América Latina con el cierre de fronteras y la imposición de cuarentenas o restricciones de movilidad como ocurre en Ecuador, el Perú y Argentina. Al existir menos vuelos, hay menos pasajeros y con ello menos uso de las instalaciones, los servicios ofrecidos y los subconcesionados como son los locales comerciales y de comida, los servicios de transporte y los estacionamientos, principal fuente de ingreso de muchos aeropuertos. Por consiguiente, se vuelve difícil cubrir los costos operativos y cumplir con las obligaciones que se tienen con los Estados en el caso de una concesión. Si los aeropuertos están complicados, los locatarios aún más ya que con los ingresos de los viajeros deben cubrir sus costos además de cumplir las obligaciones con el terminal aéreo que los acoge.

“La sostenibilidad financiera de la industria aeroportuaria está amenazada”, dice ACI. Sin embargo, difiere un poco con las propuestas de algunos sectores de las líneas aéreas como solicitan las alianzas globales (Star Alliance, oneworld y SkyTeam) de suspender u otorgar descuentos en cargos aeroportuarios. Si hay coincidencia en el apoyo que debe existir de parte de los Gobiernos ante una problemática general de carácter global. 

“Como industria, debemos unirnos para enfrentar este desafío sin precedentes”, comenta Angela Gittens, directora general de ACI. “La situación empeorará en las próximas semanas y, aunque apoyamos las medidas de socorro, estas deben considerarse de forma no discriminatoria para todos los actores afectados en la industria de la aviación para que podamos avanzar juntos en esta crisis”.

En Chile, al menos 10 aeropuertos y aeródromos tienen una administración mixta privada-pública es decir bajo una concesión del MOP, mandante de la misma. El resto de los terminales aéreos son públicos administrados por DGAC. Por las características demográficas, económicas y operativas de la red aérea, el aeropuerto de Santiago es el principal sostenedor del resto de la red no concesionada, por lo que las consecuencias de una quiebra de aerolíneas –principales actores generadores de pasajeros-consumidores en los aeropuertos- tendrá un impacto directo. Según el MOP, el tráfico doméstico ya cae un 35% con las medidas iniciales. 

A nivel global, los aeropuertos esperan mejorar la cooperación con las líneas aéreas y las distintas organizaciones que las representan para asegurar la viabilidad del transporte aéreo en el corto plazo y en el futuro. ACI destaca la colaboración con SkyTeam, por ejemplo. La coordinación y cooperación con los Gobiernos es fundamental para enfrentar las consecuencias negativas que se avecinan tanto en las pérdidas que todo tipo de empresas enfrentarán, al igual que las afecciones a los usuarios y a las fuentes de empleo seriamente comprometidas. Por los impactos, urge tomar medidas a la brevedad posible para reducir que las consecuencias sean aún mayores.