Tribunales de Justicia declaran la quiebra de Latin American Wings (LAW)

Por Ricardo J. Delpiano

Foto: Ricardo J. Delpiano

A casi cinco meses de suspender operaciones y del retiro de Certificador de Operador Aéreo (AOC) por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el 11º Juzgado de Civil de Santiago ha decretado la quiebra de Latin American Wings (LAW). La decisión altamente esperada por trabajadores, deudores y acreedores, pone fin a una de las más cuestionadas líneas aéreas chilenas del último tiempo tanto por su modelo de negocios como por distintas irregulares que han sido denunciadas.

La resolución judicial se debe “a las deudas acumuladas que aún no son pagadas” y permite que un liquidador tome el control de todos los bienes de LAW para que ser repartidos entre los trabajadores a quienes se les adeuda sueldos y previsiones, proveedores y agencias de viaje, entre otros.

Según consta en el documento, el liquidador titular provisional procederá a incautar todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos bajo inventario, proceso que puede realizarse en forma independiente o bien a través del uso de la Fuerza Pública (que en Chile, corresponde a Carabineros). Este procedimiento se podrá acumular todos los juicios contra la empresa deudora, que estuviesen pendientes ante otros Tribunales de cualquier jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, salvo excepciones.

De igual manera, se advierte al público que no deben pagar ni entregar mercadería a la empresa (LAW), bajo pena de nulidad de pagos y entregas, y aquellas personas que tengan bienes o documentos que le pertenezcan deberán ponerlos a disposición del liquidador dentro del día tercero. Los acreedores por su parte, tienen un plazo de 30 días contados desde la publicación de la resolución (lunes 30 de julio) para que se presenten con sus documentos justificativos de sus créditos, “bajo apercibimiento de ser afectados por los resultados del juicio, sin nueva citación”.

El fallo es significativo para los trabajadores y clientes afectados dado que por primera vez, ven una posibilidad más concreta de recuperar algo de sus salarios, previsiones o bienes que LAW les adeuda. El proceso es complejo y si bien no hay garantías totales de que se recupere todo, constituye una especie “ventana de esperanza” entre toda la crisis de la línea aérea.

Bajo un escenario de acumulación de deudas, juicios en contra y deterioro de la calidad del servicio, manifestado por retrasos de varios días en sus vuelos y denuncias de posibles irregularidades operativas –según consta en medios de prensa-, LAW decide suspender todas sus operaciones a principios de marzo. Andrés Dulcinelli, CEO de la empresa, justifica el cierre aludiendo a una “supuesta guerra de precios” –inexistente en Chile- con el fin de reorganizar la empresa. Días después, DGAC retira el AOC por no acreditar los requisitos técnicos en forma permanente y continúa, para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas que pretende realizar.

Desde entonces, el periodo se ha vuelto incierto tanto para la aerolínea, sus controladores, acreedores, trabajadores y clientes, agravado por denuncias de irregularidades que probablemente se habrían cometido por LAW mientras realizó operaciones en Chile y el extranjero desde enero 2016. A principio de julio, el 1er Juzgado del Trabajo consigue detener la salida de los cinco Boeing 737-300 que eran operados por la quebrada aerolínea, en una operación que recuerda casos anteriores con aerolíneas chilenas afectadas por conflictos judiciales. En un intento de empatizar con sus adeudados, Dulcinelli declara “estar también quebrado” por la situación y que “pudo haberse equivocado” (Radio Agricultura 06/07/2018). Por su parte, su socio José Miguel Rebolledo, presidente del directorio de la aerolínea presenta una denuncia contra 13 agencias de viajes a quienes acusa de “traficar migrantes hacia Chile”.

Por el tráfico unidireccional de pasajeros, las operaciones hacia Puerto Príncipe, Haití, y Punta Cana en República Dominicana, han sido blanco de los cuestionamientos hacia el modelo de negocios de LAW, que evoluciona de una aerolínea enfocada en el público vacacional a uno del tipo étnico hasta constituir una de sus principales rutas o fuentes de sustento. El caso más evidente de lo anterior son los perjuicios ocurridos en octubre cuando Haití bloquea temporalmente su operación y en la decisión de la empresa no afectar ese servicio, pese a su situación financiera y reestructuración de rutas. Las operaciones de LAW hacia Haití también son objetos de investigación por parte de la Fiscalía y del Ministerio del Interior.

Otras fuente de cuestionamiento, han sido las irregularidades de sus servicios y la baja ocupación de sus vuelos en otras rutas operadas, así como la caída de contratos con otras aerolíneas para incorporar material adicional, además de no conseguir añorados permisos para operar hacia los Estados Unidos. Mientras existe, LAW no consigue superar más del 1,3% de participación de mercado.

La salida de esta aerolínea del mercado aéreo chileno se suma a otros cuestionados términos de otros operadores como AeroContinente Chile o Aerolíneas del Sur (Air Comet Chile) por estar involucradas en procesos complejos a nivel judicial o político. En un periodo marcado por el crecimiento de la aviación, el uso del avión como medio masivo de transporte y por la consolidación de modelos de negocios de líneas aéreas, la operación y quiebra de LAW representa un punto negro para la industria aérea como para la institucionalidad del país por el retraso de su actuar.