Nuevo aeropuerto de Santiago se podría atrasar hasta mediados 2021 por demoras e ineficiencias en organismos del Estado

Por Ricardo J. Delpiano

Foto: Ricardo J. Delpiano 

En medio de la crisis de capacidad que afecta a la industria aérea y de la polémica por los cuestionamientos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) respecto a la efectividad de las privatizaciones de los aeropuertos, la concesionaria Nuevo Pudahuel que administra, construye y moderniza el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, sugiere que de no mejorar el trabajo de revisión y aprobación de trabajos de ingeniería definitiva, el nuevo terminal no estaría listo antes de 2021 y no a mediados de 2020 como estaba estipulado originalmente.

Según la concesión, la razón del retraso radica en la burocracia y demora en la revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva por parte de la Inspección Fiscal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante el periodo del gobierno anterior de Michelle Bachelet. Al recurrir al Panel Técnico de Concesiones, Nuevo Pudahuel señala claramente los incumplimientos y retrasos del MOP, por lo cual este organismo “no ha dado fiel cumplimiento al contrato de concesión celebrado”.

Cabe señalar que en el modelo de concesión chileno, todas las etapas de la obra incluyendo la revisión y aprobación de proyectos, tienen sus tiempos definidos por contrato sobre el cual las partes deben funcionar. Al someter la discrepancia, se mencionan tiempos excesivos de revisión por parte del MOP, capacidad insuficiente de la Inspección Fiscal para cumplir con las revisiones solicitadas, atraso en la contratación e insuficiencia del equipo de la asesoría de la Inspección Fiscal y deficiente gestión de control en los documentos entregados a revisión por la sociedad concesionaria al organismo público.

Nuevo Pudahuel ya había mostrado su preocupación por las demoras desde la Inspección Fiscal y así, daban cuenta sus comunicados a la industria y a la comunidad. En ellos insistía en que los organismos públicos del Estado debían cooperar en los procesos asociados a la concesión y en la burocracia para asegurar que la ejecución de las obras no se extendieran más allá. La concesionaria integrada por Aéroports de Paris (ADP), Vinci Airport y Astaldi Concessioni sabe que los tiempos en Santiago corren contra reloj, especialmente cuando les ha tocado hacerse cargo de un problema anterior por las demoras en la relicitación del terminal aéreo durante la primera administración de Sebastián Piñera y los primeros años del segundo periodo de Bachelet.

Con los retrasos evidentes en la revisión y aprobación de proyectos y de no existir mejoras por parte de los organismos públicos, el nuevo aeropuerto de Santiago tendría un retraso de 21 meses y podría inaugurarse a mediados de 2021. Por la situación descrita, las obras más inmediatas a entregar referidas a los espigones C y E se estarían entregando a fines de 2018 y comienzos de 2019 y no a fines del presente año como inicialmente se comunicaba. Considerando que la sociedad concesionaria ha cumplido con todas las obligaciones, Nuevo Pudahuel se siente en el derecho de solicitar una extensión en los plazos de construcción así como las fechas máximas para las puestas en servicio de las obras.

Pero los retrasos en la Inspección Fiscal del MOP no es el único problema que enfrenta el aeropuerto de Santiago. Nuevo Pudahuel continúa luchando con la falta de cooperación de los organismos públicos en el mejoramiento de los servicios que actualmente prestan en zonas críticas del terminal aéreo como migraciones, posiciones de revisión de Aduanas, y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

El problema es el mismo de siempre: la falta de una dotación adecuada de los servicios a pesar de que existe una infraestructura disponible no utiliza. Como resultado, los viajeros están obligados a someterse largas filas en los puntos de control de Policía Internacional (a cargo de la Policía de Investigaciones – PDI), Aduanas y SAG, generando cuellos de botella a toda que demoran los flujos de tránsito de las personas, generan demoras en los vuelos y deterioran la calidad de servicio que se ofrecen en el terminal de pasajeros.

Si los organismos a cargo de estas áreas críticas cumplieran con un adecuado nivel de dotación y realizan un uso adecuado de la infraestructura, el aeropuerto podría disminuir las demoras que se producen y hacer más eficientes cada uno de los procesos. Ejemplos sobran. Basta ver como aeropuertos europeos pueden atender grandes flujos de pasajeros con una infraestructura que prácticamente no ha sufrido grandes variaciones. Mientras un paso por migraciones en París (CDG) puede ser tan expedito de no más de 30 minutos, en Santiago, con un flujo significativamente menor puede tardar hasta dos horas en un solo trámite.

Desde Nuevo Pudahuel, comentan que los organismos públicos no tienen justificaciones para no brindar una atención adecuada a los usuarios, ya que el concesionario entrega una proyección de tráfico a seis meses por lo que cada servicio puede planificar adecuadamente la dotación que se requiere para una determinada cantidad de tráfico. Pese a las críticas, el administrador del aeropuerto de Santiago reconoce que hay ciertos avances en el SAG pero falta avanzar mucho en Policía Internacional y Aduanas.

Foto: Gentileza pasajeros aeropuerto de Santiago

Los retrasos y deficiencia en la entrega de servicios tienen varias consecuencias. Para la concesión la imposibilidad de avanzar con su plan de negocios, desarrollo de tráfico y la búsqueda de nuevos operadores como parte de su estrategia de marketing aeroportuario. Por ejemplo, la falta de infraestructura reduce las posibilidades de que nuevas líneas aéreas puedan ingresar al mercado aéreo ya que por capacidad sólo están disponibles los “horarios valle” que no siempre son adecuados para asegurar servicios o conexiones convenientes a los usuarios. Para los pasajeros, se merma la calidad de servicios que estos reciben condenándolos a estar sometidos a una infraestructura inadecuada. Las líneas aéreas por su parte también ven dificultadas sus acciones para incrementar operaciones, asegurar la puntualidad de sus vuelos y garantizar el servicio adecuado. Por la contribución que el transporte aéreo realiza a la economía, al desarrollo social, a la generación de empleo y fomento del turismo, los retrasos comprometen el crecimiento del país.

En el modelo chileno, el Estado es el que tiene la solución a este problema ya que los organismos involucrados en las demoras mencionadas, así como en lo referido al contrato de concesión, dependen exclusivamente del fisco. En la lógica que impera actualmente, es el sector público el que atenta con el modelo de negocios y con los contratos que impone y da los argumentos para que se generen críticas para un sistema del cual desea promover.

En la conferencia Wings of Change de IATA celebrada en abril en Santiago, el gremio de las líneas aéreas realizó fuertes críticas a la falta de infraestructura aeroportuaria y al deterioro de la calidad de servicios que se ofrece, las cuales han sido recogidas por la autoridad chilena. En ese contexto, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, se ha comprometido a trabajar hacia una nueva institucionalidad en el sistema aeronáutico que soluciones los vicios existentes del sistema actual lo que incluye aspectos referidos a concesiones de aeropuertos y según la cuenta pública de esta cartera las tasas aeronáutica y derechos de embarque.

Lo anterior, va alineado con el reconocimiento que Nuevo Pudahuel ve en las nuevas autoridades al exponer que a contar de abril el MOP ha rectificado su conducta y está manteniendo un comportamiento más pro-activo y colaborativo con un reforzamiento de sus equipos. De continuar en ese sentido, la experiencia en la gestión de aeropuertos de las empresas que integran la concesionaria permitiría recuperar los tiempos perdidos y de esta forma conseguir que el nuevo terminal aéreo de Santiago este para 2020.

Mientras tanto desde Sydney, IATA anuncia que utilizará el caso chileno del aeropuerto de Santiago para estudiar falencias de las concesiones de aeropuertos y de las privatizaciones, en medio de un escenario revisionista que dicha organización promueve que no es compartida por el aeropuerto ni en su totalidad por el Estado de Chile.