Por Ricardo J. Delpiano
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| Foto: Alejandro Ruiz |
La decisión tiene su origen en la demanda interpuesta en los Tribunales de Justicia en 2012, en paralelo a las conversaciones que los funcionarios civiles de DGAC mantenían con las autoridades y que según medios de prensa, fue en el caso de que las conversaciones no llegasen a un acuerdo. En el mes de marzo de 2016, el 29º Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Estado –representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- en mantener la situación actual, pero el día 9 de agosto, la Corte falló a favor de los funcionarios civiles, como resultado de la apelación interpuesta por ellos.
De aceptarse y no haber nuevas apelaciones, DGAC tendrá que traspasar a los funcionarios civiles al sistema de previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile, cuyo funcionamiento y mecanismo de acción se basa en un sistema de reparto aportado por el fisco y el porcentaje de cotización mayor de la persona. Entre los funcionarios civiles están el personal administrativo, controladores aéreos, funcionarios SSEI, meteorólogos, entre otros.
En Chile, DGAC es la autoridad aeronáutica del país pero no es un organismo autónomo sino que depende de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), lo que la limita en su capacidad de acción y reacción, especialmente en aquellos aspectos relacionados con el rol dentro de las instituciones del Estado y con la propia FACh. Se trata de una institución mixta cuyo personal está conformado por funcionarios militares y civiles, ambos con diferencias en sus sistema de previsión social. Los primeros poseen un sistema de reparto de CAPREDENA, mientras los segundos están obligados a cotizar como el resto de los ciudadanos en las AFP, generando diferencias internas especialmente por el monto inferior que entregan estas últimas en comparación al sistema previsional de las Fuerzas Armadas.
Para ANFDGAC, el fallo es considerado un triunfo pues permitía dar solución a su demanda histórica y a una de las diferencias que existen dentro de DGAC, aunque sus dirigentes han reconocido que todavía no es “una batalla ganada”, dado que el CDE puede apelar a la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia.
El fallo y el conflicto en sí, se da en medio de un amplio debate y cuestionamiento ciudadano que por estos días se da en Chile en torno al trabajo que realizan las AFP en la administración de pensiones de los trabajadores dependientes, que a juicio de la ciudadanía se da “por las bajas pensiones que entregan” y que obligan “a muchas personas” a continuar trabajando más allá de su jubilación para solventar gastos básicos o compensar la baja pensión.
La controversia surge como parte de los slogans que ciertos grupos sociales han levantado en el país en el último tiempo, que al igual a lo ocurrido con el sistema educacional chileno, están generando desafíos a las autoridades de Gobierno en su acción, reacción, gestión y en el discurso que estos entregan a la ciudadanía.
En los seis últimos años, el auge los distintos movimientos políticos-sociales han alcanzado un alto nivel de visualización y han revelado una evidente capacidad adecuada de parte de las autoridades y la clase política en general para atender y/o resolver problemas pendientes, lo que sumado a una falta de responsabilidad política en sus acciones o decisiones están contribuyendo a la generación de ambientes de incertidumbre, cuyas implicancias se extienden a otros aspectos como la economía y esta en directa relación con el transporte aéreo.
El tema previsional al interior de DGAC no es la excepción y sus consecuencias influyen en el normal funcionamiento de la actividad aérea, especialmente cuando la entidad gremial (ANFDGAC) ha mostrado un estado de alerta o de movilización permanente. El caso más evidente ocurrió en el segundo semestre de 2015, cuando los funcionarios aeronáuticos realizaron dos importantes paralizaciones (septiembre y diciembre) que significaron la suspensión de miles de vuelos, afectando a miles de personas y pusieron en evidencia, la capacidad de la autoridad para anticiparse, reaccionar y manejar una crisis, además de generar soluciones inmediatas. Uno de los eventos más serios fue por ejemplo, las medidas adoptadas para mitigar las crisis, algunas que hicieron que el país viera vulnerada la seguridad de su sistema aeronáutico, tal como evidenciaron denuncias de funcionarios y de las líneas aéreas.
Por los pasos judiciales que se pueden dar y de los posibles acuerdos que puedan emanar de la mesa de trabajo que la ANFDGAC y el Gobierno llevan a cabo, el conflicto no está solucionado. Asimismo, los movimientos sociales vinculados al tema previsional y que demandan el fin del sistema previsional actual, consideran como un “antecedente importante” el fallo vinculado a la aeronáutica, por esto y el empoderamiento general ciudadano, más un debilitamiento de la autoridad de Gobierno para contener o atender las demandas pueden llevar a un mayor nivel de conflicto.
4 comentarios:
Interesante. Es más, veo que esta es una oportunidad excelente para el gobierno: puede sacar a la DGAC del ámbito militar, y la deja 100% civil. Con ello, le quita varios aspectos que la limitan en su accionar (mentalidad) y además le daría un portazo a las aspiraciones de los empleados fiscales por formar parte de Capredena.
Nuevamente aca es el gobierno quien debe tener la capacidad para manejar la situación y dar solución a dos cosas: una es la situación de la propia DGAC que es una autoridad cohartada por la propia FACH y el Ministerio de Defensa en todo su actuar (ejemplo más claro la subordinación de su director ante un ministro inepto como Gómez que no sabía lo que ocurría con el paro) y de la propia línea de mando de la FFAA. La segunda es de dar respuesta a una parte de sus funcionarios que demandan una solución lógica a cualquier institución y es que todos estén en iguales de condiciones. Sin embargo para mi esta opción no es viable porque pone a los funcionarios civiles de DGAC como superiores a otros ciudadanos que trabajan más para ganar menos.
Pero como esta la cosa con una Presidenta que sólo sirve para sacarse selfies o figurar para estupideces creo que no va a pasar lo uno y lo otro y todos seguiremos igual.
Al parecer los ciudadanos tendremos que hacer más marchas para que las cosas funcionen en este país porque por la vía normal parece que no se saca nada. Mal por Chile.
Si los funcionarios civiles de DGAC pasan a Capredena se incrementa la desigualdad, al parecer único éxito de Bachelet.
Me alegro por los controladores, pero el gobierno se está metiendo en un gran cacho. Si los funcionarios de la DGAC pueden ingresar a Capradena, por qué no pueden todos los demás que trabajan para el fisco en cualquier ministerio?
Lo mejor que podrían hacer el gobierno es privatizar el control aéreo: los controladores tendrían sueldos más dignos y sería un rubro sujeto a las leyes del mercado de oferta-demanda.
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