Denuncian serias irregularidades con las tasas de embarque: su alza sería ilegal.

Por Ricardo J. Delpiano

Foto: Ricardo J. Delpiano

En el día de ayer, el diario El Mercurio publicó en su cuerpo de Economía y Negocios, una nueva denuncia de irregularidades en el sector público, esta vez relacionada con el alza de la tasa de embarque de los vuelos internacionales, especialmente con el cobro del llamado "Impuesto Chirac".

Según lo informado por el medio de prensa, el alza de la tasa de embarque de US$ 26 a US$ 30 fue autorizada bajo Decreto por el ex Presidente Ricardo Lagos antes de dejar su mandato, y cuyas razones se manifestaban en la necesidad de adecuar los costos a la nueva realidad que vive la industria aeronáutica y a la necesidad de nuevas inversiones en el sector aéreo en Chile. Sin embargo, los US$ 4 que cada viajero paga para poder embarcarse desde Chile hacia el exterior poco o nada tendría que ver con las necesidades aeronáuticas, ya que según lo denuncia El Mercurio,  estarían siendo destinado hacia otros fines como la promoción del turismo y la ayuda a los pobres en el continente africano, siendo esta última justificada por las obligaciones contraídas por Chile en el Gobierno de Ricardo Lagos en el Grupo de Trabajo contra el Hambre - donde colaboran los Gobiernos de Alemania, Brasil, España y Francia- y cuya agenda establece imponer un impuesto de dos dólares a cada viajero.

Sin embargo tal como lo denunció El Mercurio el problema deriva en que el alza decretada por Ricardo Lagos podía estar fuera de la Ley, pues la legislación chilena establece por tener un destino prefijado y no haber sido aprobada en el Parlamento. Junto con esto existe el caso que nuestro país dispone de otros fondos de los cuales se pueden destinar los recursos para cumplir las obligaciones que nuestro país adquiere en el exterior, como sucede con los fondos generales de la República.

En este sentido, el director regional de IATA Patricio Sepúlveda expresó a El Mercurio que "al poco tiempo de que fuera aprobada la iniciativa de destinar el cobro de US$ 2 dentro de la tasa de embarque al Fondo para la Pobreza, se supo que esto no era posible, ya que la ley no permite que dineros incluidos dentro de esta tasa sean utilizados para fines distintos a mejoras en infraestructura aeroportuaria. Por lo tanto, no tenemos certeza de que finalmente se esté contribuyendo a combatir la pobreza, porque hasta el momento desconocemos el destino de esos fondos que ya han sido y siguen siendo cobrados a nuestros pasajeros".

La situación anteriormente descrita se vería agravada aún más cuando existiría un nuevo Decreto Presidencial que bajaría la tasa de embarque a US$ 28, el cual todavía no ha sido firmado por la actual Presidente de la República Michelle Bachellet, lo cual vendría a corroborar la ilegalidad del cobro en la tasa aeronáutica.

De acuerdo al sistema del cobro de tasas aeronáuticas en Chile, corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil el cobro de dichas tasas de las cuales son destinadas al autofinanciamiento de la institución y a la realización inversiones y obras aeronáuticas. En el caso de la tasa de embarque internacional cobrada a los pasajeros, la DGAC utiliza sólo el 83% del total recaudado para los fines anteriormente descritos (es decir se gasta sólo US$25 de los US$ 30 que se pagan), el resto es traspasado al Ministerio de Hacienda, institución que se encarga de depositarlo en las arcas de la República.

Según la fuente consultada por El Mercurio, el destacado abogado Arturo Fernandois, la tasa de embarque es considerada constitucionalmente un tributo, porque es imposible sustraerse de ella sin ver afectada la libertad ambulatoria, que permite moverse libremente por y hacia fuera del país; y como todo tributo, debe ir al patrimonio general de la nación, y no pueden estar afectos a un destino determinado. "La tasa de embarque y, desde luego, su aumento son inconstitucionales", indicó al diario. Además y tal como fue señalado, la tasa de embarque al ser considerada un impuesto, su aumento deberá pasar por el Congreso para su aprobación, de no ser así, su alza se vuelve ilegal, siendo el caso que durante estos dos años el Estado de Chile vendría incurriendo.

Por otro lado, se agrega además, que los tributos no pueden estar afectos a fines específicos, lo que se conoce como principio de no afectación tributario, y  fue agregado a la Constitución para evitar que todos los impuestos estuvieran previamente asignados y que el ejecutivo no contara con flexibilidad para la destinación de recursos y su ley de presupuesto. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha emitido dos fallos relevantes y con conclusiones que se aplican a este caso, Caso Aduanas 1996 y Estadios el 2007 contra Rentas Municipales II.

Si consideramos el total de pasajeros embarcados en vuelos internacionales desde el 2006 a la fecha (2.080.465 en el 2006, 2.414.383 en el 2007 más los 2.527808 de los primeros seis meses del 2008), existirían alrededor de US$ 21.067.968 que fueron transferidos al Ministerio de Hacienda bajo "las supuestas razones" esgrimidas por el ex Presidente Lagos y que no habrían tenido un destino claro y que hasta el momento el Ministerio no ha aclarado, por lo que se estaría constituyendo un nuevo caso de irregularidades en el sector público y que afectan a los gobiernos del ex Presidente Lagos y al gobierno actual de Bachelet por no revocar la medida.

En este sentido y manteniendo su compromiso por velar y defender el transporte aéreo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) a través de su director regional Patricio Sepúlveda ha sido la que ha alzado la voz con mayor fuerza contra este nuevo caso de irregularidad en el Estado chileno y que hasta el momento ha recibido escasa respuesta de parte del Ejecutivo. Para las líneas aéreas el alza de las tasas de embarque sólo contribuye a elevar los costos del transporte, traspasándose eso a todos los usuarios.

Mientras el actual Gobierno continúa sin dar una respuesta a esta denuncia, miles de chilenos continúan pagando una tasa de embarque que no sería legal, incrementando las arcas fiscales para un fin que los propios ciudadanos tienen idea o que poco o nada sabían acerca de los compromisos que Chile adquiere estarían siendo financiado con dinero de todos adicionales, pese a que el Estado dispone fondos para ello.

En ese sentido, resulta imperioso que el actual Gobierno y las instituciones responsables adopten una actitud responsable sobre la situación denunciada, aclarando en primer lugar ante la ciudadanía las irregularidades descritas, y luego tomando las medidas en forma seria y acorde a la situación, evitando hacer caso omiso tal como ha ocurrido en otras numerosas irregularidades que han sido denunciadas en el último tiempo.

Situaciones como estas no sólo afectan el desempeño y la credibilidad de nuestras instituciones, sino que van más allá pues de comprobarse estos casos, contribuyen a opacar los numerosos logros que nuestro país, con el esfuerzo de todos, ha conseguido en materia aeronáutica, labor que ha sido reconocida en todos lados por las más diversas autoridades y organismos internacionales de aviación, así como gran parte de los operadores aéreos, y que nos ha puesto como un líder mundial en transporte aéreo.